Las cronologías suelen presentarse como herramientas neutras: fechas, años, decretos, hechos. Sin embargo, cuando se trata de pueblos atravesados por la persecución, el despojo y el exterminio, el modo de organizar el tiempo nunca es inocente. El tiempo también es una tecnología de poder.

La historia gitana, tal como ha sido narrada por los Estados europeos, aparece a menudo como una sucesión de prohibiciones, expulsiones, registros policiales, internamientos y decretos. Un desfile de castigos. Un calendario de lo que se nos ha hecho.

Esta cronología del oprobio ha tenido un efecto devastador: convertir la historia romaní en una cadena de sufrimientos sin sujeto, sin agencia, sin comunidad viva. Una historia donde los gitanos aparecen como objeto de leyes, pero raramente como productores de sentido, de pensamiento, de alianzas, de mundos. El tiempo se convierte así en un instrumento más del régimen de dominación.

Frente a esta forma de narrar, desde hace décadas se ha venido gestando otra propuesta: construir cronologías de la resistencia. No sólo registrar la violencia, sino también las formas de supervivencia, desobediencia, creación y cuidado. Contar no sólo lo que nos hicieron, sino lo que hicimos para seguir existiendo.

Desde esta perspectiva, una cronología gitana no puede limitarse a ser el espejo de la legislación racista. Debe ser también un mapa de cantos, exilios, retornos, refugios, pactos, archivos escondidos, lenguas transmitidas, familias rotas y recompuestas, gestos mínimos que sostuvieron la vida allí donde todo estaba diseñado para destruirla.

Pero tampoco podemos permitirnos borrar el calendario europeo del horror. No basta con sustituir una cronología por otra. Es necesario confrontarlas. Poner en tensión la cronología de la persecución con la genealogía de nuestra persistencia. Mirar de frente las fechas del terror para poder reclamar también las fechas de nuestras fugas, de nuestras alianzas, de nuestras reapariciones.

Esta sección propone esa doble mirada: por un lado, una cronología crítica del Porrajmos en Europa; por otro, una cronología situada que relacione ese genocidio con los procesos políticos y raciales vividos en el Estado español.

No es una línea del tiempo cerrada. Es una cartografía temporal en disputa. Como nuestra historia.

Las cronologías dominantes del Holocausto suelen comenzar en 1933, con la llegada de Hitler al poder, o en 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para los pueblos racializados de Europa —entre ellos, el pueblo romaní—, la historia de la violencia de Estado, del control policial, de la expulsión, del encierro y de la clasificación biológica comienza mucho antes.

Empieza cuando Europa aprende a gobernar poblaciones consideradas ajenas a la comunidad política. Empieza con la expansión colonial, con la expulsión de judíos y musulmanes de la península ibérica, con la conquista de América, con la trata transatlántica, con la invención moderna de la «raza» como tecnología de poder. Como han señalado autoras y autores como Cedric J. Robinson, la modernidad europea no se construye primero como proyecto democrático y después se pervierte, sino que nace ya atravesada por un capitalismo racial: un sistema de acumulación basado en la jerarquización de lo humano.

Desde este punto de vista, el Porrajmos no aparece como una anomalía del siglo XX, sino como una aceleración extrema de lógicas mucho más antiguas: expulsar, clasificar, corregir, explotar, eliminar.

Para los romaníes, esto se tradujo durante siglos en una política casi ininterrumpida de criminalización legal, control policial, expulsiones territoriales, internamientos, experimentación científica, asimilación forzada, y negación de toda pertenencia legítima.

Antes de los campos, existieron los registros. Antes de los transportes, existieron los edictos. Antes del exterminio, existió el laboratorio social.
Este primer tramo de la cronología no narra «antecedentes»: narra la formación del terreno sobre el que el genocidio se volvió posible.

1933 no inaugura la persecución, la institucionaliza. Con la llegada del nazismo al poder, el Estado alemán no «descubre» a los romaníes: hereda archivos policiales, categorías de vagancia, y un sentido común ya racista que asociaba itinerancia con peligro. Lo que cambia es el grado. La violencia se vuelve política de Estado total: policía, medicina, escuela y burocracia se coordinan para transformar el antigitanismo histórico en un programa de ingeniería social y biológica.

En estos primeros años, la clave es la conversión de la sospecha en procedimiento. La persecución no se presenta todavía como exterminio, sino como «orden público», «higiene», «prevención del crimen» o «protección de la comunidad nacional». Esa es la puerta de entrada de la biopolítica: detener, registrar, segregar, esterilizar, internar. Antes de la deportación, la vida romaní es convertida en expediente.

La eugenesia funciona como puente entre ciencia y violencia. La política de esterilización forzada —apoyada en lenguajes médicos y administrativos— castiga cuerpos concretos y, al mismo tiempo, ensaya una idea: que el Estado puede decidir qué vidas deben reproducirse y cuáles deben ser cortadas. En el caso romaní, mujeres y niñas quedan especialmente expuestas a esta forma de violencia que no siempre deja huella visible, pero destruye la continuidad de familias y comunidades.

1935 marca un salto jurídico: la ciudadanía se vuelve racial. Las Leyes de Núremberg formalizan un orden donde pertenecer no depende de derechos, sino de sangre. Aunque se formulen sobre todo en relación con los judíos, su lógica se expande y se aplica también a los romaníes a través de interpretaciones, decretos y prácticas administrativas.

La construcción del archivo racial romaní es una tecnología central del genocidio. No se trata sólo de «documentar», sino de fabricar al enemigo: genealogías, fotografías, mediciones, fichas familiares, categorías de «mestizaje» y «pureza». Figuras como Robert Ritter y los equipos de investigación racial convierten la vida romaní en un material clasificable.

1938 es el año en que el lenguaje del control se radicaliza hacia el horizonte de «solución». La categoría de «asocial» se vuelve una trampa: absorbe a romaníes y otros grupos bajo una etiqueta que aparenta ser moral o conductual, pero funciona como máscara de una decisión racial.
1939 abre la fase de guerra colonial europea. La invasión de Polonia y la reorganización del continente convierten el Este en laboratorio expandido: territorios ocupados, estados destruidos, administraciones títeres, fronteras móviles.

Entre 1940 y 1941, la geografía del Porrajmos se fragmenta. La persecución romaní adopta formas múltiples: internamientos locales, ejecuciones en masa, deportaciones por oleadas. Esa dispersión produce una violencia menos monumental pero más extendida, y deja menos rastros institucionales legibles.
Con la guerra contra la URSS, el exterminio por bala se vuelve un método decisivo. En territorios ocupados de Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos o los Balcanes, unidades móviles y fuerzas colaboracionistas ejecutan a comunidades enteras, muchas veces sin registro formal.

1942 marca la convergencia: de persecuciones dispersas a deportación masiva. El Zigeunerlager no es solo un «campo dentro de un campo»: es una forma de gestionar el exterminio familiar, porque allí se internan también mujeres, niños y ancianos.

1943–1944 muestra la tensión entre trabajo esclavo y eliminación. Para muchas personas romaníes, sobrevivir implica atravesar selecciones, enfermedades, hambre programada y experimentación médica.

El 2 de agosto de 1944 se convierte en símbolo porque condensa una verdad: el exterminio fue también familiar. La liquidación del «campo gitano» en Auschwitz-Birkenau es la culminación de un proceso largo de registro, clasificación y deportación.

1945 no cierra el tiempo del Porrajmos: abre el tiempo de la negación.

Tras 1945, los supervivientes romaníes no entraron en un mundo de justicia, sino en un paisaje administrativo que reproducía muchas de las jerarquías raciales del periodo nazi. Las mismas listas que habían servido para deportar comenzaron a utilizarse para «probar» la condición de víctima. En Austria y Alemania, algunos romaníes acudieron a comités judíos de ayuda a supervivientes porque no existían estructuras equivalentes para ellos. Sin embargo, mientras las organizaciones judías internacionales tejían rápidamente una red de apoyo transnacional, la mayoría de los romaníes quedaron confinados a redes familiares locales y a burocracias estatales hostiles.

En los primeros años de la posguerra se produjo una situación paradójica: durante un breve periodo, «gitano» funcionó en ciertos contextos internacionales como una categoría que otorgaba derechos. Funcionarios locales de la Organización Internacional de Refugiados comenzaron a aceptar a supervivientes romaníes tratándolos de facto como víctimas de persecución racial no repatriables. Este corto momento de «privilegio» se cerró pronto. A nivel de los Estados nacionales, los romaníes volvieron a quedar bajo la autoridad de policías, servicios sociales y viejos archivos criminológicos.

Durante décadas, la documentación del genocidio romaní apareció casi siempre de forma indirecta: en entrevistas a judíos, en comisiones estatales, en archivos creados para otros fines. Las experiencias romaníes quedaron archivadas como notas al pie de la memoria judía. Los primeros intentos de crear archivos específicamente romaníes fueron frágiles, precarios y en gran medida ignorados.

Mientras avanzaban juicios emblemáticos como Núremberg o Eichmann, los crímenes contra romaníes rara vez ocuparon el centro. Desde muy temprano, intelectuales romaníes como Matéo Maximoff denunciaron esta asimetría. En Francia, Alemania e Italia comenzaron a surgir formas de organización política romaní que vinculaban memoria, derechos civiles y escena internacional.

No fue hasta 1982 cuando el Estado alemán reconoció oficialmente el genocidio romaní. Para entonces, varias generaciones habían vivido y muerto sin reparación. A partir de los años ochenta y noventa, con el auge de museos del Holocausto y políticas de memoria, comenzó una lenta incorporación del Porrajmos a los marcos oficiales. Pero esta entrada se produjo casi siempre desde instituciones no romaníes, bajo categorías heredadas y con profundas desigualdades de recursos.

Tras la caída del bloque socialista, se multiplicaron los proyectos de memorialización. Al mismo tiempo, la ampliación de la Unión Europea situó a los pueblos romaníes en el centro de nuevas políticas culturales. Esta producjo una paradoja: mientras el Porrajmos empezaba a ser reconocido en el lenguaje institucional europeo, la vida cotidiana de muchas comunidades romaníes seguía atravesada por pobreza, segregación y violencia racial.

Museos del Holocausto, universidades y fundaciones comenzaron a producir investigaciones más sistemáticas. Al mismo tiempo, activistas y creadores romaníes impulsaron archivos propios y plataformas digitales que cuestionaban el monopolio institucional de la memoria.

La memoria del Porrajmos empezó a ser trabajada explícitamente por una nueva generación de jóvenes romaníes como herramienta política, pedagógica y artística. Iniciativas como las conmemoraciones del 2 de agosto en Auschwitz-Birkenau situaron el genocidio en el centro de una reflexión más amplia sobre racismo estructural y Europa contemporánea.

La memoria del Porrajmos se inscribe cada vez más en marcos críticos que la conectan con la historia colonial europea, el capitalismo racial y las formas contemporáneas de control y exclusión. La cronología del Porrajmos ya no se cierra en 1945: se prolonga en un presente donde la lucha por la memoria es inseparable de la lucha por la vida.

En los años treinta, tanto Alemania como España se inscriben en un clima europeo marcado por la normalización del pensamiento eugenésico y la gestión racializada de la pobreza. En Alemania, el ascenso de Hitler en 1933 consolida un proyecto explícitamente biológico del Estado: esterilizaciones forzadas, archivos raciales y criminalización de judíos y romaníes. En España, durante la Segunda República, se aprueba la Ley de Vagos y Maleantes (1933), que recoge una tradición previa de control policial y médico de los cuerpos considerados peligrosos o desviados. Antes de la guerra, ambos países participan ya de una misma matriz: la de un Estado que se arroga el derecho de clasificar, corregir y eliminar.

La Guerra Civil española constituye un punto de condensación decisivo. Alemania nazi e Italia fascista experimentan en España nuevas formas de violencia aérea, terror sobre población civil y destrucción sistemática. Para el pueblo gitano en España, la guerra supone un recrudecimiento del control, la persecución y el empobrecimiento extremo. Alemania, en paralelo, consolida su aparato racial.

Alemania lleva a su máxima expresión el proyecto de colonización racial del Este europeo. España, oficialmente neutral, ocupa un lugar estratégico: espacio de tránsito, espionaje, comercio clave (wolframio), refugio selectivo y plataforma diplomática del Eje. Mientras cientos de miles de romaníes son asesinados en Europa, en España se refuerzan los dispositivos internos de control. No hay Porrajmos en territorio español en sentido técnico, pero sí una continuidad de políticas que convierten a los gitanos en población permanentemente sospechosa.

Alemania entra en un proceso lento e incompleto de desnazificación. España queda fuera de cualquier proceso de justicia internacional. El franquismo se recompone bajo el paraguas del anticomunismo. Criminales nazis encuentran refugio; no hay depuración del aparato policial. Mientras en Alemania comienza una batalla por el reconocimiento, en España se consolida un borrado activo.

En Alemania y otros países europeos emergen las primeras organizaciones romaníes, las protestas de supervivientes y los inicios de una política transnacional gitana, ligada también al Congreso de Londres de 1971. En España, estos años transcurren todavía bajo dictadura. Se produce un desfase profundo: mientras en Europa comienza a gestarse una memoria política romaní, en España se consolida una amnesia de Estado.

En 1982, Alemania reconoce oficialmente que los Sinti y Roma fueron víctimas de persecución racial nazi. En España, la transición democrática ha abierto el espacio para la organización gitana y el contacto con redes europeas. Sin embargo, la entrada en democracia no implica una revisión del pasado franquista en relación al pueblo gitano.

Con la integración de España en la Unión Europea se multiplican los programas culturales y educativos. La memoria del Holocausto se institucionaliza. Pero el Porrajmos sigue siendo marginal en España. Alemania y Europa del Este avanzan en memoriales y centros de documentación. España permanece como un espacio donde la memoria romaní es casi inexistente.

España comienza muy tímidamente a inscribir el genocidio romaní en el espacio institucional: actos en el Senado, exposiciones puntuales, participación en redes europeas. Sin embargo, estas iniciativas dependen casi siempre de marcos externos. No existe una política española de memoria del Porrajmos.

Hoy, la posibilidad de construir una cronología comparada España–Alemania abre un campo político nuevo. Ya no se trata solo de insertar a los gitanos en el relato del Holocausto, sino de conectar colonialismo, fascismo, franquismo, transición y democracia en una misma historia larga de racialización. Esta cronología no busca equiparar mecánicamente experiencias, sino mostrar cómo distintas configuraciones de poder produjeron formas diferentes —pero conectadas— de violencia, silencio y desposesión.

La historia del pueblo romaní en Europa comienza siglos antes de 1933. Sus orígenes, migraciones y formas de vida constituyen un capítulo aún insuficientemente conocido.

Las teorías raciales que legitimaron el genocidio no surgieron de la nada. Tienen una genealogía científica, policial y administrativa que recorre toda la Europa moderna.

Antes del nazismo, decenas de estados europeos promulgaron legislación específica contra los romaníes. Un mapa de esas leyes es también un mapa del antigitanismo estructural.

La persecución nazi se apoyó en una arquitectura legal precisa. Cada decreto fue un paso más hacia el exterminio.

Uno de los episodios menos conocidos de la persecución romaní bajo el nazismo: el proyecto de Himmler de «preservar» una muestra de romaníes considerados «puros» como objeto de estudio racial.

Una cronología específica del genocidio romaní, desde las primeras deportaciones hasta la liquidación del Zigeunerlager y la posguerra inmediata.

Cómo los archivos, las categorías y los funcionarios del Tercer Reich sobrevivieron a la derrota nazi y condicionaron décadas de impunidad.

La larga batalla jurídica y política de los supervivientes romaníes para ser reconocidos como víctimas del genocidio y acceder a reparaciones.

Frente a la tentación de relatar el genocidio romaní como una secuencia cerrada de leyes, decretos y asesinatos, esta cronología quiere funcionar como un mapa de las violencias institucionales —sí—, pero también como una genealogía discontinua de resistencias. No se trata solo de contar cuántas veces se nos expulsó, se nos catalogó, se nos segregó o se nos silenció. Se trata también de reconocer los espacios, los momentos y las personas que, incluso en medio del terror, tejieron formas de cuidado, de fuga, de transmisión.

Una cronología crítica del Porrajmos no puede limitarse al marco del Tercer Reich. Debe considerar los antecedentes coloniales, la construcción del saber racial europeo, la complicidad de los estados ocupados, la continuidad de las políticas de exclusión en la posguerra, y el racismo institucional que pervive hasta hoy en las estructuras del archivo, el derecho, la educación y la memoria oficial.

En contraposición a la cronología canónica que narra el progreso de la civilización occidental, esta otra cronología parte de los márgenes, de los huecos, de los silencios que aún duelen. Y al hacerlo, nos recuerda que el tiempo también ha sido una tecnología de poder: se nos ha privado de historia para despojarnos del derecho al futuro.

Desde esa conciencia, la comparación con España es tan necesaria como dolorosa. Porque mientras en Alemania se pasó —aunque de forma tardía y parcial— por procesos de juicio, reconocimiento y memoria, en el Estado español la dictadura franquista extendió las lógicas del racismo de Estado durante décadas, sin interrupción. No hubo Nuremberg, ni desmantelamiento simbólico del aparato represivo. Los archivos siguieron guardando silencio. Y con ellos, también lo hicieron las instituciones.

Frente a eso, la labor actual de construir nuevas cronologías —situadas, complejas, impuras— no es solo una tarea histórica. Es una apuesta política: hacer memoria para hacer justicia.