La historia del Porrajmos no puede entenderse como un episodio aislado ni como una consecuencia repentina del nazismo. La persecución y el exterminio de la población romaní se inscriben en una larga tradición de exclusión, estigmatización y control ejercida en Europa durante siglos.

Esta sección presenta un recorrido histórico esencial que permite comprender cómo el antigitanismo estructural, las teorías raciales y las legislaciones discriminatorias sentaron las bases del genocidio romaní durante el régimen nazi.

Las cronologías suelen presentarse como herramientas neutras: fechas, años, decretos, hechos. Sin embargo, cuando se trata de pueblos atravesados por la persecución, el despojo y el exterminio, el modo de organizar el tiempo nunca es inocente. El tiempo también es una tecnología de poder.

La historia gitana, tal como ha sido narrada por los Estados europeos, aparece a menudo como una sucesión de prohibiciones, expulsiones, registros policiales, internamientos y decretos. Un desfile de castigos. Un calendario de lo que se nos ha hecho.

Esta cronología del oprobio ha tenido un efecto devastador: convertir la historia romaní en una cadena de sufrimientos sin sujeto, sin agencia, sin comunidad viva. Una historia donde los gitanos aparecen como objeto de leyes, pero raramente como productores de sentido, de pensamiento, de alianzas, de mundos. El tiempo se convierte así en un instrumento más del régimen de dominación.

Frente a esta forma de narrar, desde hace décadas se ha venido gestando otra propuesta: construir cronologías de la resistencia. No sólo registrar la violencia, sino también las formas de supervivencia, desobediencia, creación y cuidado. Contar no sólo lo que nos hicieron, sino lo que hicimos para seguir existiendo.

Desde esta perspectiva, una cronología gitana no puede limitarse a ser el espejo de la legislación racista. Debe ser también un mapa de cantos, exilios, retornos, refugios, pactos, archivos escondidos, lenguas transmitidas, familias rotas y recompuestas, gestos mínimos que sostuvieron la vida allí donde todo estaba diseñado para destruirla.

Pero tampoco podemos permitirnos borrar el calendario europeo del horror. No basta con sustituir una cronología por otra. Es necesario confrontarlas. Poner en tensión la cronología de la persecución con la genealogía de nuestra persistencia. Mirar de frente las fechas del terror para poder reclamar también las fechas de nuestras fugas, de nuestras alianzas, de nuestras reapariciones.

Esta sección propone esa doble mirada: por un lado, una cronología crítica del Porrajmos en Europa; por otro, una cronología situada que relacione ese genocidio con los procesos políticos y raciales vividos en el Estado español.

No es una línea del tiempo cerrada. Es una cartografía temporal en disputa. Como nuestra historia.

1492 – 1600

Expulsiones de judíos y musulmanes en los reinos ibéricos, conquista de América, consolidación de imperios coloniales. Se desarrolla una primera matriz de clasificación entre “cristianos viejos”, “herejes”, “infieles”, “salvajes”, “vagabundos”. Los gitanos aparecen en la legislación europea como población errante a vigilar, expulsar o castigar.

Siglos XVI – XVIII

En múltiples territorios europeos se promulgan edictos contra los “gitanos”: prohibición de lengua, vestimenta, oficios, movilidad, residencia. Castigos corporales, trabajos forzados, deportaciones internas. Se consolida una asociación estructural entre romaníes, criminalidad y amenaza al orden social. Aquí se funda una figura clave: el gitano como problema de Estado.

Expansión del positivismo, la estadística, la antropología criminal, la psiquiatría y la medicina social. Europa no solo castiga: mide, clasifica, archiva. Desarrollo de la antropometría, los archivos policiales, los primeros censos raciales. Los romaníes pasan de ser “peligrosos” a ser “objeto de ciencia”.

En Alemania, Francia, Austria-Hungría e Italia se crean brigadas especializadas en “cuestión gitana”. Se recogen huellas, fotografías, genealogías. Se empieza a hablar de “herencia criminal”. Aquí se produce un giro decisivo: el antigitanismo se biologiza.

1899 – Múnich

Se funda la Zigeunerzentrale (Oficina Central para la Lucha contra la “Plaga Gitana”). Primer archivo policial sistemático dedicado exclusivamente a romaníes.

Décadas de 1910 – 1920

Se generalizan en Europa leyes de vagancia, control de itinerancia, internamientos administrativos, retirada de custodia de menores, esterilizaciones forzadas experimentales.

1926 – Baviera

Ley para la lucha contra gitanos, vagabundos y ociosos: permite detenciones preventivas prolongadas.

1933 – Alemania

Llega el nazismo al poder, pero no empieza desde cero. Hereda archivos, registros, policías, saberes médicos, categorías raciales ya consolidadas. El Tercer Reich no inventa el control racial de los romaníes. Lo radicaliza, centraliza y convierte en política de Estado total.

1933 no inaugura la persecución, la institucionaliza. Con la llegada del nazismo al poder, el Estado alemán no “descubre” a los romaníes: hereda archivos policiales, categorías de vagancia, y un sentido común ya racista que asociaba itinerancia con peligro. Lo que cambia es el grado. La violencia se vuelve política de Estado total: policía, medicina, escuela y burocracia se coordinan para transformar el antigitanismo histórico en un programa de ingeniería social y biológica.

En estos primeros años, la clave es la conversión de la sospecha en procedimiento. La persecución no se presenta todavía como exterminio, sino como “orden público”, “higiene”, “prevención del crimen” o “protección de la comunidad nacional”. Esa es la puerta de entrada de la biopolítica: detener, registrar, segregar, esterilizar, internar. Antes de la deportación, la vida romaní es convertida en expediente.

La eugenesia funciona como puente entre ciencia y violencia. La política de esterilización forzada —apoyada en lenguajes médicos y administrativos— castiga cuerpos concretos y, al mismo tiempo, ensaya una idea: que el Estado puede decidir qué vidas deben reproducirse y cuáles deben ser cortadas. En el caso romaní, mujeres y niñas quedan especialmente expuestas a esta forma de violencia que no siempre deja huella visible, pero destruye la continuidad de familias y comunidades.

1935 marca un salto jurídico: la ciudadanía se vuelve racial. Las Leyes de Núremberg formalizan un orden donde pertenecer no depende de derechos, sino de sangre. Aunque se formulen sobre todo en relación con los judíos, su lógica se expande y se aplica también a los romaníes a través de interpretaciones, decretos y prácticas administrativas. La exclusión deja de ser “social” y se vuelve “biológica”: ser romaní empieza a ser leído como condición hereditaria incompatible con la nación.

La construcción del archivo racial romaní es una tecnología central del genocidio. No se trata sólo de “documentar”, sino de fabricar al enemigo: genealogías, fotografías, mediciones, fichas familiares, categorías de “mestizaje” y “pureza”. Figuras como Robert Ritter y los equipos de investigación racial convierten la vida romaní en un material clasificable. Ese archivo no es un efecto secundario: es el mecanismo que permite seleccionar, separar, deportar y matar con apariencia de método.

1938 es el año en que el lenguaje del control se radicaliza hacia el horizonte de “solución”. En el discurso nazi, la categoría de “asocial” se vuelve una trampa: absorbe a romaníes y otros grupos bajo una etiqueta que aparenta ser moral o conductual (“vagancia”, “delincuencia”, “indisciplina”), pero funciona como máscara de una decisión racial. Esa ambigüedad tendrá efectos devastadores después, porque permitirá negar el carácter racial de la persecución romaní.

1939 abre la fase de guerra colonial europea: la violencia se desplaza y se acelera. La invasión de Polonia y la reorganización del continente convierten el Este en laboratorio expandido: territorios ocupados, estados destruidos, administraciones títeres, fronteras móviles. En ese paisaje, el exterminio se hace más fácil porque se hace más invisible: lejos del centro, fuera de la mirada pública, con menos necesidad de justificar jurídicamente cada paso.

Entre 1940 y 1941, la geografía del Porrajmos se fragmenta y eso complica su memoria. Mientras el genocidio judío se concentra progresivamente en una maquinaria de deportación y exterminio más reconocible, la persecución romaní adopta formas múltiples: internamientos locales, ejecuciones en masa, deportaciones por oleadas, expulsiones y campos menores. Esa dispersión –campos pequeños, zanjas, caminos, bosques– produce una violencia menos monumental pero más extendida, y deja menos rastros institucionales legibles.

Con la guerra contra la URSS, el exterminio por bala se vuelve un método decisivo. En territorios ocupados de Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos o los Balcanes, unidades móviles y fuerzas colaboracionistas ejecutan a comunidades enteras, muchas veces sin registro formal. En esos contextos, el romaní no es “deportado” primero: es eliminado como parte de operaciones de limpieza racial y territorial, donde la distinción entre guerra y genocidio se borra.

1942 marca la convergencia: de persecuciones dispersas a deportación masiva. En el caso alemán, ese año concentra decisiones que formalizan el paso hacia Auschwitz-Birkenau y otros destinos de muerte. El Zigeunerlager no es solo un “campo dentro de un campo”: es una forma de gestionar el exterminio familiar, porque allí se internan también mujeres, niños y ancianos. En la lógica nazi, la familia romaní –núcleo de transmisión cultural– se vuelve objetivo directo.

1943–1944 muestra la tensión entre trabajo esclavo y eliminación. La maquinaria nazi explota mano de obra hasta el límite, y al mismo tiempo sostiene una política de destrucción física. Para muchas personas romaníes, sobrevivir implica atravesar selecciones, enfermedades, hambre programada y experimentación médica. La violencia no es solo matar: es degradar, quebrar, convertir el cuerpo en residuo útil, y después borrarlo.

El 2 de agosto de 1944 se convierte en símbolo porque condensa una verdad: el exterminio fue también familiar. La liquidación del “campo gitano” en Auschwitz-Birkenau no es un episodio aislado, sino la culminación de un proceso largo de registro, clasificación y deportación. Recordar esa fecha permite algo más que conmemorar: permite entender cómo el genocidio romaní apuntó a la continuidad comunitaria, no solo a individuos.

1945 no cierra el tiempo del Porrajmos: abre el tiempo de la negación. El final militar del nazismo no significa justicia automática. Para los romaníes, la posguerra se organiza a menudo como continuidad administrativa: archivos que no se destruyen, policías que reutilizan categorías, tribunales que reinterpretan la persecución como “prevención del crimen”. La cronología del genocidio desemboca así en otra cronología, más lenta, pero decisiva: la del silencio institucional.

1945–mediados de los años 60. Posguerra: continuidad administrativa, negación del genocidio y emergencia de una respuesta romaní.

La derrota del nazismo no significó, para la mayoría de los romaníes supervivientes, ni liberación plena ni reconocimiento. En muchos países europeos, las mismas instituciones que habían organizado la persecución continuaron funcionando casi sin interrupción. Archivos policiales, registros raciales, oficinas de control y expertos en “la cuestión gitana” no fueron desmantelados, sino reciclados. La lógica administrativa que había hecho posible el genocidio se transformó en una política de posguerra basada en la vigilancia, el tutelaje y la patologización. Los romaníes liberados de campos de concentración se encontraron, en muchos casos, sin papeles, sin hogares y bajo sospecha permanente. No hubo un corte claro entre el antes y el después: la posguerra heredó categorías, archivos y funcionarios del régimen anterior.

En Alemania, esta continuidad tuvo consecuencias directas sobre las posibilidades de reparación. Durante años, las autoridades se negaron a reconocer a los gitanos como víctimas raciales del nazismo, argumentando que su internamiento había sido una medida “preventiva” contra la delincuencia y no un acto de persecución racial. Esta interpretación administrativa permitió bloquear sistemáticamente las demandas de indemnización. Muchos supervivientes romaníes que solicitaron compensaciones fueron rechazados, humillados o forzados a demostrar, una y otra vez, que no habían sido perseguidos “por su modo de vida”, sino por su “raza”. La violencia no había terminado: se había desplazado al terreno jurídico y burocrático.

Este clima de negación aparece con crudeza en textos como el de Mateo Maximoff, quien, escribiendo desde la experiencia romaní, denunció la magnitud del exterminio y la indiferencia posterior. Para Maximoff, la posguerra no era el tiempo de la justicia, sino el de una nueva forma de abandono: los gitanos asesinados no tenían memoriales, los supervivientes no tenían tribunales, y el genocidio romaní no encontraba un lugar claro ni en la historiografía ni en los discursos oficiales. Su escritura no sólo da testimonio del crimen, sino que señala un segundo trauma: el de comprobar que, una vez terminada la guerra, nadie parecía dispuesto a escuchar.

En Francia, donde miles de gitanos habían sido internados en campos durante la ocupación, la posguerra se organizó en torno a lo que se llamó un “proyecto civilizatorio”. En lugar de reconocer plenamente a los romaníes como víctimas del genocidio, el Estado y las asociaciones especializadas impulsaron políticas de tutela, sedentarización y reeducación. Bajo un lenguaje humanitario, se mantuvo la idea de que los gitanos constituían un “problema” a gestionar. El archivo, la policía y los dispositivos de control heredados del periodo de guerra no desaparecieron: se integraron en nuevas formas de intervención social.

Es en este contexto donde, a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, emerge en Francia una respuesta política romaní inédita. Figuras como Ionel Rotaru y organizaciones como la Communauté Mondiale Gitane articularon un discurso que vinculaba directamente la memoria del genocidio con una exigencia de derechos, reconocimiento y reparación. Frente a la negación alemana y al paternalismo francés, estos activismos situaron el Porrajmos en el centro de una reivindicación internacional: reclamaron compensaciones, denunciaron la continuidad del racismo y propusieron incluso la idea de un espacio político propio (Romanestan) como horizonte simbólico de justicia.

La posguerra romaní no puede leerse, por tanto, como un simple “después” del exterminio. Es un tiempo marcado por la persistencia de los archivos, por la violencia administrativa, por el silencio institucional y, al mismo tiempo, por la aparición de una conciencia política transnacional que intenta romper ese silencio. Entre oficinas de indemnización que rechazan expedientes y asociaciones romaníes que empiezan a escribir, publicar, reunirse y organizarse, se abre un nuevo campo de disputa: el de la memoria, la historia y el derecho a existir como víctimas, pero también como sujetos políticos.

Posguerra inmediata: listas, supervivencia y jerarquías de víctimas

Tras 1945, los supervivientes romaníes no entraron en un mundo de justicia, sino en un paisaje administrativo que reproducía muchas de las jerarquías raciales del periodo nazi. Las mismas listas que habían servido para deportar comenzaron a utilizarse para “probar” la condición de víctima. En Austria y Alemania, algunos romaníes acudieron a comités judíos de ayuda a supervivientes porque no existían estructuras equivalentes para ellos. Allí aparecieron, por primera vez, inscritos en archivos de víctimas, no como objetos folclóricos sino como personas que buscaban familiares, reconocimiento y recursos. Sin embargo, mientras las organizaciones judías internacionales tejían rápidamente una red de apoyo transnacional, la mayoría de los romaníes quedaron confinados a redes familiares locales y a burocracias estatales hostiles. La posguerra no suspendió el racismo: lo reorganizó.

Categorías en disputa: del estigma a la “elegibilidad”

En los primeros años de la posguerra se produjo una situación paradójica: durante un breve periodo, “gitano” funcionó en ciertos contextos internacionales como una categoría que otorgaba derechos. Funcionarios locales de la Organización Internacional de Refugiados comenzaron a aceptar a supervivientes romaníes reinterpretando las normas, tratándolos de facto como a los judíos: como víctimas de persecución racial no repatriables. Para acceder a ayuda, muchos romaníes tuvieron que declararse visiblemente como “gitanos”, reinscribiendo administrativamente una identidad que antes había sido criminalizada. Este corto momento de “privilegio” se cerró pronto. A nivel de los Estados nacionales, los romaníes volvieron a quedar bajo la autoridad de policías, servicios sociales y viejos archivos criminológicos. La ventana se cerró, pero dejó un rastro documental decisivo.

Archivos sin romaníes, romaníes en los márgenes

Durante décadas, la documentación del genocidio romaní apareció casi siempre de forma indirecta: en entrevistas a judíos, en comisiones estatales, en archivos creados para otros fines. Iniciativas como la Comisión Goldstein en Bélgica o las entrevistas de David Boder recogieron abundante información sobre los “campos gitanos”, las deportaciones familiares y los asesinatos masivos, pero sin entrevistar a romaníes. Las experiencias romaníes quedaron así archivadas como notas al pie de la memoria judía. Los primeros intentos de crear archivos específicamente romaníes —como la pequeña asociación Die Vergessenen en Múnich o las luchas de los Sinti en Austria por el reconocimiento del campo de Lackenbach— fueron frágiles, precarios y en gran medida ignorados. La historia romaní del Holocausto entró en los archivos como residuo.

Justicia asimétrica y politización romaní

Mientras avanzaban juicios emblemáticos como Núremberg o Eichmann, los crímenes contra romaníes rara vez ocuparon el centro. Desde muy temprano, intelectuales romaníes como Matéo Maximoff denunciaron esta asimetría, reclamando tribunales, investigaciones y castigo específico para el genocidio gitano. En paralelo, en Francia, Alemania e Italia comenzaron a surgir formas de organización política romaní que vinculaban memoria, derechos civiles y escena internacional. La falta de compensación, la continuidad policial y el silencio oficial alimentaron la emergencia de un activismo transnacional romaní que ya no hablaba solo de victimización, sino de pueblo, de historia y de sujeto político. Es en este vacío de justicia donde empiezan a gestarse tanto el movimiento romaní internacional como sus archivos propios.

Reconocimiento tardío y disputa de la memoria

No fue hasta 1982 cuando el Estado alemán reconoció oficialmente el genocidio romaní. Para entonces, varias generaciones habían vivido y muerto sin reparación. A partir de los años ochenta y noventa, con el auge de museos del Holocausto, centros de documentación y políticas de memoria, comenzó una lenta incorporación del Porrajmos a los marcos oficiales. Pero esta entrada se produjo casi siempre desde instituciones no romaníes, bajo categorías heredadas y con profundas desigualdades de recursos. La lucha contemporánea por archivos romaníes, memoriales propios y pedagogías críticas nace precisamente de esta historia: de haber sido recordados siempre en los archivos de otros.

Continuidad administrativa, negación y politización tardía de la memoria

Tras 1945, el final del Tercer Reich no significó para la mayoría de los supervivientes romaníes el final de la persecución. En Alemania Occidental, gran parte de los archivos policiales del período nazi que contenían fichas raciales sobre “gitanos” no solo no fueron destruidos, sino que siguieron siendo utilizados por las nuevas autoridades. Los mismos expedientes, categorías y fotografías producidos por la criminología racial del Reich pasaron a alimentar las prácticas de vigilancia de la policía de la posguerra. Esta continuidad administrativa tuvo efectos materiales inmediatos: durante décadas, los tribunales alemanes rechazaron las solicitudes de compensación de los supervivientes romaníes alegando que su internamiento había respondido a “medidas preventivas contra la delincuencia” y no a persecución racial. La estructura burocrática del genocidio se reciclaba así como estructura burocrática de la negación.

En este contexto, los Juicios de Núremberg (1945–1946) marcaron un precedente jurídico fundamental para el derecho internacional, pero dejaron prácticamente fuera a las víctimas romaníes. Aunque la acusación inicial mencionó a los “gitanos” entre los grupos exterminados, no se desarrolló una investigación específica sobre su persecución, no se construyó una narrativa jurídica del genocidio romaní y ningún superviviente romaní fue llamado a testificar. Esta exclusión tuvo consecuencias duraderas: al no quedar fijado el Porrajmos en el núcleo fundacional del derecho penal internacional, las demandas posteriores de reconocimiento y reparación se encontraron sin un marco legal sólido al que acogerse.

Durante los años cincuenta y sesenta, mientras las organizaciones judías lograban consolidar estructuras de representación, archivos propios y capacidad de interlocución con los Estados, los romaníes se encontraban prácticamente desprovistos de recursos institucionales. Las primeras iniciativas romaníes surgieron en condiciones de extrema fragilidad política. En Francia, la figura de Ionel Rotaru (Vaïda Voïvod III) y la creación de la Communauté Mondiale Gitane a comienzos de los años sesenta constituyeron uno de los primeros intentos de articular una política romaní internacional que ligara explícitamente derechos civiles, memoria del genocidio y demandas de compensación. Sus discursos insistían en que el pueblo gitano había sido víctima de un exterminio racial y reclamaban ser reconocidos como tales. Sin embargo, lejos de ser apoyadas, estas iniciativas fueron vigiladas, desacreditadas y finalmente reprimidas por el propio Estado francés, que en 1965 prohibió la organización utilizando una ley de 1939 contra asociaciones de extranjeros.

Este episodio ilustra una constante de la posguerra: los Estados europeos no solo se resistieron a reconocer el genocidio romaní, sino que actuaron activamente para limitar la autoorganización política de los supervivientes. Las divisiones internas entre grupos romaníes, junto con la ausencia de reconocimiento oficial y de financiación, fueron instrumentalizadas por las administraciones para deslegitimar a sus representantes y dilatar indefinidamente cualquier política de reparación. A diferencia de otros colectivos, los romaníes carecían de infraestructuras archivísticas propias capaces de producir “pruebas” aceptables para los tribunales, lo que convirtió el acceso a la memoria en un campo profundamente desigual.

No será hasta finales de los años sesenta y, sobre todo, a partir de los setenta, cuando empiece a configurarse un activismo romaní transnacional más estable. La fundación de organizaciones en Alemania, la celebración en 1971 del Primer Congreso Mundial Romaní en Londres y la emergencia de una nueva generación de militantes y artistas marcaron un punto de inflexión. En estos espacios se empezó a nombrar de forma sistemática el genocidio, a reclamar reconocimiento jurídico y a construir una memoria propia que ya no dependiera exclusivamente de mediaciones externas. Sin embargo, este despertar político se produjo en un terreno profundamente hostil, en el que la investigación histórica sobre el Porrajmos seguía siendo marginal y los Estados continuaban rechazando su responsabilidad.

El reconocimiento oficial por parte de Alemania no llegó hasta 1982, cuando el gobierno federal admitió por primera vez que los romaníes habían sido perseguidos por motivos raciales. Esta declaración, aunque simbólicamente decisiva, no cerró ni mucho menos el ciclo de impunidad. Muchas víctimas habían muerto ya sin ser escuchadas, los sistemas de compensación seguían siendo restrictivos y los archivos policiales continuaban condicionando el acceso a derechos. Desde entonces, el campo de la memoria romaní se ha ido expandiendo lentamente: creación de memoriales, inclusión progresiva en museos del Holocausto, trabajos académicos, proyectos artísticos y plataformas digitales. Aun así, el Porrajmos sigue ocupando una posición secundaria dentro del relato hegemónico de la Segunda Guerra Mundial.

En el presente, la lucha ya no se articula sólo en torno al pasado, sino en torno a sus continuidades. La reivindicación de la memoria del genocidio se cruza con denuncias contemporáneas de violencia policial, segregación urbana, políticas migratorias raciales y racismo estructural. La cronología del Porrajmos se prolonga así en una cronología de los “después”: después de los campos, después de los juicios, después del reconocimiento formal. Un tiempo largo en el que la supervivencia se ha visto acompañada de una vigilancia persistente y en el que la memoria se ha construido, en gran medida, desde fuera de las instituciones.

Años ochenta: del reconocimiento simbólico a la institucionalización desigual

Los años ochenta marcan un punto de inflexión fundamental. En 1982, el gobierno federal alemán reconoció oficialmente que los Sinti y Roma habían sido perseguidos por motivos raciales bajo el nazismo. Este gesto, conquistado tras décadas de movilización de supervivientes y activistas, rompió por primera vez la ficción jurídica de que la represión había sido meramente “preventiva” o “policial”. Sin embargo, este reconocimiento fue ante todo simbólico. No implicó una revisión profunda de los sistemas de compensación, ni una depuración de los archivos policiales heredados del Tercer Reich, ni una política estatal de memoria equiparable a la desarrollada en relación con el Holocausto judío. Muchos supervivientes continuaron enfrentándose a obstáculos casi insalvables para obtener indemnizaciones, y el peso de la prueba siguió recayendo sobre quienes menos recursos tenían para producirla. La memoria romaní empezaba a entrar en el espacio público, pero lo hacía en condiciones profundamente asimétricas.

Años noventa: memorialización, Europa post-1989 y reordenación del campo político

Tras la caída del bloque socialista y la reconfiguración geopolítica de Europa, los años noventa abrieron un nuevo escenario. Por un lado, se multiplicaron los proyectos de memorialización: monumentos, actos conmemorativos, exposiciones y primeras iniciativas museísticas comenzaron a incluir de forma más visible el genocidio romaní. Por otro, la ampliación de la Unión Europea y la emergencia del discurso de los “derechos de las minorías” situaron a los pueblos romaníes en el centro de nuevas políticas culturales y programas de integración. Este proceso produjo una paradoja: mientras el Porrajmos empezaba a ser reconocido en el lenguaje institucional europeo, la vida cotidiana de muchas comunidades romaníes en Europa del Este y del Oeste se veía atravesada por nuevas formas de pobreza, segregación y violencia racial. La memoria del genocidio comenzaba a circular, pero lo hacía desligada en gran medida de políticas reales de reparación histórica.

Años dos mil: archivos, digitalización y disputa por la representación

En los años dos mil se consolidó un nuevo campo transnacional de investigación, archivo y representación del Holocausto romaní. Museos del Holocausto, universidades y fundaciones comenzaron a producir investigaciones más sistemáticas, bases de datos, colecciones de testimonios y exposiciones específicas. Al mismo tiempo, activistas y creadores romaníes impulsaron archivos propios, proyectos audiovisuales y plataformas digitales que cuestionaban el monopolio institucional de la memoria. Esta década estuvo marcada por una lucha silenciosa pero decisiva: quién narra el genocidio, desde qué lenguajes, con qué fines y para qué públicos. La memoria del Porrajmos dejó de ser solo un objeto historiográfico para convertirse en un terreno de disputa cultural, política y estética. Sin embargo, este crecimiento del archivo no se tradujo automáticamente en transformaciones estructurales: el reconocimiento seguía siendo fragmentario, dependiente de proyectos temporales y vulnerable a los vaivenes políticos.

Años dos mil diez: juventud romaní, pedagogía de la memoria y politización explícita

A partir de la década de 2010 se produjo un desplazamiento significativo: la memoria del Porrajmos empezó a ser trabajada explícitamente por una nueva generación de jóvenes romaníes como herramienta política, pedagógica y artística. Iniciativas como las conmemoraciones del 2 de agosto en Auschwitz-Birkenau, los programas europeos de formación juvenil, los archivos orales y los proyectos curatoriales romaníes situaron el genocidio en el centro de una reflexión más amplia sobre racismo estructural, antigitanismo y Europa contemporánea. La memoria dejó de presentarse sólo como duelo para convertirse también en lenguaje de denuncia y de articulación política. En este periodo se intensificó el diálogo —no exento de tensiones— entre instituciones del Holocausto y organizaciones romaníes, así como la crítica a la instrumentalización simbólica de la memoria sin políticas materiales de justicia.

Años dos mil veinte: memoria, colonialidad y continuidad de la violencia

En los años veinte del siglo XXI, la memoria del Porrajmos se inscribe cada vez más en marcos críticos que la conectan con la historia colonial europea, el capitalismo racial y las formas contemporáneas de control y exclusión. Investigaciones recientes, prácticas artísticas y activismos romaníes cuestionan abiertamente la separación entre pasado genocida y presente democrático, subrayando las continuidades en los archivos, en la policía, en las políticas migratorias y en la producción cultural. Al mismo tiempo, el desarrollo de plataformas digitales y archivos participativos ha ampliado el acceso a testimonios y documentos, permitiendo una reescritura más coral de esta historia. Sin embargo, esta expansión convive con el ascenso de nuevas extremas derechas en Europa y con un recrudecimiento del antigitanismo. La cronología del Porrajmos ya no se cierra en 1945: se prolonga en un presente donde la lucha por la memoria

Eugenesia, colonialismo y orden racial en Europa

En los años treinta, tanto Alemania como España se inscriben en un clima europeo marcado por la normalización del pensamiento eugenésico, la obsesión por el orden social y la gestión racializada de la pobreza. En Alemania, el ascenso de Hitler en 1933 consolida un proyecto explícitamente biológico del Estado: esterilizaciones forzadas, archivos raciales y criminalización de judíos, romaníes y otros grupos definidos como “vidas indignas”. En España, durante la Segunda República, se aprueba la Ley de Vagos y Maleantes (1933), que recoge una tradición previa de control policial y médico de los cuerpos considerados peligrosos, improductivos o desviados. Esta ley –no racial en su formulación, pero profundamente racializada en su aplicación– se inscribe en una genealogía eugenésica específicamente española, atravesada además por la experiencia colonial en Marruecos, donde el ejército y la medicina habían experimentado formas de guerra, clasificación y disciplina sobre poblaciones consideradas inferiores. Antes de la guerra, ambos países participan ya de una misma matriz: la de un Estado que se arroga el derecho de clasificar, corregir y eliminar.

La Guerra Civil española como laboratorio de la guerra total

La Guerra Civil española constituye un punto de condensación decisivo. No solo enfrenta proyectos políticos internos, sino que se convierte en un campo de ensayo de la guerra total europea. Alemania nazi e Italia fascista experimentan en España nuevas formas de violencia aérea, terror sobre población civil, destrucción sistemática de ciudades y aniquilación del enemigo político como figura absoluta. En este sentido, la guerra española se inscribe en una secuencia más amplia que incluye el genocidio armenio y las hambrunas forzadas en Ucrania: episodios donde se ensayan tecnologías de exterminio, deshumanización y administración de la muerte. Para el pueblo gitano en España, la guerra supone un recrudecimiento del control, la persecución y el empobrecimiento extremo, aunque sin traducirse en un proyecto industrial de exterminio. Alemania, en paralelo, consolida su aparato racial: archivos, leyes, campos y burocracias que pronto se desplegarán a escala continental.

Falsa neutralidad española y radicalización genocida alemana

Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania lleva a su máxima expresión el proyecto de colonización racial del Este europeo: deportaciones, fusilamientos masivos, campos de exterminio y la puesta en marcha de un genocidio sistemático contra judíos y romaníes. España, oficialmente neutral, ocupa en realidad un lugar estratégico: espacio de tránsito, espionaje, comercio clave (wolframio), refugio selectivo y plataforma diplomática del Eje. El franquismo salda su deuda con Hitler permitiendo redes logísticas, tolerando presencia nazi y manteniendo un clima ideológico afín. Mientras cientos de miles de romaníes son asesinados en Europa, en España se refuerzan los dispositivos internos de control: vigilancia policial, internamientos, moralización forzada y miseria estructural. No hay Porrajmos en territorio español en sentido técnico, pero sí una continuidad de políticas que convierten a los gitanos en población permanentemente sospechosa.

Posguerra, impunidad y reescritura de los relatos

Tras la derrota del nazismo, Alemania entra en un proceso lento, incompleto y conflictivo de desnazificación. Aunque los archivos raciales siguen activos y los romaníes no son reconocidos como víctimas del genocidio, se abren juicios, se produce documentación y se inaugura un largo campo de disputa jurídica y memorial. España, en cambio, queda fuera de cualquier proceso de justicia internacional. El franquismo se recompone rápidamente bajo el paraguas del anticomunismo y convierte su alianza previa con el Eje en un silencio estructural. Criminales nazis encuentran refugio; no hay depuración del aparato policial; no hay ruptura simbólica ni material con el orden anterior. Mientras en Alemania comienza —muy tímidamente— una batalla por el reconocimiento, en España se consolida un borrado activo: no solo no se habla del genocidio romaní, sino que se perpetúan sin fisuras las políticas antigitanas heredadas.

Activismos emergentes y dos Europas temporales

En Alemania y otros países europeos, los años sesenta y setenta ven emerger las primeras organizaciones romaníes, las protestas de supervivientes, las ocupaciones de memoriales y los inicios de una política transnacional gitana, ligada también al Congreso de Londres de 1971. Se reclama reconocimiento, se impugnan archivos, se construye una memoria desde abajo. En España, estos años transcurren todavía bajo dictadura. No existe un espacio público para articular memoria, ni para conectar con las redes romaníes europeas. La historia del Porrajmos no puede circular; la represión se normaliza como orden social. Se produce así un desfase profundo: mientras en Europa comienza a gestarse una memoria política romaní, en España se consolida una amnesia de Estado.

Transición española y reconocimiento tardío en Alemania

Los años ochenta son un momento clave. En 1982, Alemania reconoce oficialmente que los Sinti y Roma fueron víctimas de persecución racial nazi. Se abre un nuevo marco simbólico, aunque las reparaciones sigan siendo limitadas y humillantes. En España, la transición democrática ha abierto por fin el espacio para la organización gitana y el contacto con redes europeas. Aparecen asociaciones, se inician intercambios, llegan materiales, discursos y genealogías políticas procedentes del movimiento romaní internacional. Sin embargo, la entrada en democracia no implica una revisión del pasado franquista en relación al pueblo gitano. La historia del Porrajmos llega a España filtrada casi exclusivamente por la memoria del Holocausto judío y sin una articulación propia.

Europeización de la memoria y vacío español

Con la integración de España en la Unión Europea, se multiplican los programas culturales, educativos y de derechos humanos. Empiezan a circular exposiciones, traducciones, investigaciones y conmemoraciones. La memoria del Holocausto se institucionaliza. Pero el Porrajmos sigue siendo marginal. No se desarrollan archivos específicos, ni políticas públicas sostenidas, ni una pedagogía crítica que conecte genocidio, colonialismo y racismo de Estado. Alemania y Europa del Este avanzan –de forma desigual– en memoriales, centros de documentación y proyectos académicos. España permanece como un espacio donde la memoria romaní es casi inexistente, sostenida sobre todo por iniciativas individuales, activistas y algunos proyectos universitarios.

Primeras inscripciones públicas y dependencia exterior

En la última década, España comienza muy tímidamente a inscribir el genocidio romaní en el espacio institucional: actos en el Senado, exposiciones puntuales, presencia en redes europeas, participación en proyectos como RomArchive o conmemoraciones internacionales. Sin embargo, estas iniciativas dependen casi siempre de marcos externos. No existe una política española de memoria del Porrajmos. La investigación sigue siendo escasa, los archivos están dispersos y la conexión entre tradición colonial española, franquismo y genocidio europeo apenas se ha trabajado públicamente. La memoria llega, pero no se enraíza.

Hacia una cronología conectada

Hoy, la posibilidad de construir una cronología comparada España–Alemania abre un campo político nuevo. Ya no se trata solo de insertar a los gitanos en el relato del Holocausto, sino de conectar colonialismo, fascismo, franquismo, transición y democracia en una misma historia larga de racialización. Mientras en Europa se intensifican los trabajos sobre archivo, colonialidad y capitalismo racial, en España empieza a emerger la necesidad de pensar el Porrajmos no como un acontecimiento ajeno, sino como parte de la misma historia que produjo el Marruecos colonial, la Guerra Civil, la dictadura y las políticas contemporáneas de exclusión. Esta cronología no busca equiparar mecánicamente experiencias, sino mostrar cómo distintas configuraciones de poder produjeron formas diferentes –pero conectadas– de violencia, silencio y desposesión.

Frente a la tentación de relatar el genocidio romaní como una secuencia cerrada de leyes, decretos y asesinatos, esta cronología quiere funcionar como un mapa de las violencias institucionales –sí–, pero también como una genealogía discontinua de resistencias. No se trata solo de contar cuántas veces se nos expulsó, se nos catalogó, se nos segregó o se nos silenció. Se trata también de reconocer los espacios, los momentos y las personas que, incluso en medio del terror, tejieron formas de cuidado, de fuga, de transmisión.

Una cronología crítica del Porrajmos no puede limitarse al marco del Tercer Reich. Debe considerar los antecedentes coloniales, la construcción del saber racial europeo, la complicidad de los estados ocupados, la continuidad de las políticas de exclusión en la posguerra, y el racismo institucional que pervive hasta hoy en las estructuras del archivo, el derecho, la educación y la memoria oficial.

En contraposición a la cronología canónica que narra el progreso de la civilización occidental, esta otra cronología parte de los márgenes, de los huecos, de los silencios que aún duelen. Y al hacerlo, nos recuerda que el tiempo también ha sido una tecnología de poder: se nos ha privado de historia para despojarnos del derecho al futuro.

Desde esa conciencia, la comparación con España es tan necesaria como dolorosa. Porque mientras en Alemania se pasó –aunque de forma tardía y parcial– por procesos de juicio, reconocimiento y memoria, en el Estado español la dictadura franquista extendió las lógicas del racismo de Estado durante décadas, sin interrupción. No hubo Nuremberg, ni desmantelamiento simbólico del aparato represivo. Los archivos siguieron guardando silencio. Y con ellos, también lo hicieron las instituciones.

Frente a eso, la labor actual de construir nuevas cronologías –situadas, complejas, impuras– no es solo una tarea histórica. Es una apuesta política: hacer memoria para hacer justicia.